EL GOBIERNO ESPAÑOL LOGRA APARTAR A DOS MAGISTRADOS DEL CONSTITUCIONAL, “CONTAMINADOS” POLÍTICAMENTE, PARA QUE NO INFLUYAN EN UN RECURSO PRESENTADO POR EL PP CONTRA LA LEY ORGANICA DEL ALTO TRIBUNAL

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado por mayoría la recusación planteada por el Gobierno contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, que de este modo quedan apartados del recurso del PP contra la Ley Orgánica de este órgano (LOTC).

Quedan cinco magistrados progresistas y tres conservadores. La decisión de estimar las primeras recusaciones planteadas por un Gobierno en la historia del Constitucional ha sido adoptada con los votos a favor de Vicente Conde, Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps y la oposición de Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas, que han anunciado un voto particular discrepante, según ha informado el Alto Tribunal. De los ocho magistrados que quedan, cinco son considerados progresistas y los otros tres conservadores.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, recusó el pasado 19 de octubre a García-Calvo y a Rodríguez Zapata por considerarlos "contaminados" para resolver el recurso contra la LOTC, después de que el pasado mes de junio manifestaran en un escrito su "más profunda discrepancia" con la reforma de esta ley. En su escrito, los dos magistrados criticaron especialmente el artículo de esa norma que prorrogó automáticamente el mandato de la presidenta de este órgano, María Emilia Casas -adscrita a la considerada corriente progresista-, cuya dimisión pidieron expresamente.

Voto de calidad del presidente. Dada la actual composición del Constitucional, donde el sector progresista y el sector conservador cuenta cada uno con seis magistrados, la presidencia es especialmente importante porque este cargo lleva aparejado el voto de calidad decisivo para romper eventuales empates en las votaciones. Así, asegurarse la mayoría en el pleno, aunque sea mediante el voto de calidad del presidente, es determinante cuando el TC debe pronunciarse en los próximos meses sobre la constitucionalidad de algunas de las leyes más significativas de la última legislatura: la del matrimonio homosexual, el Plan Hidrológico Nacional y, por supuesto, el Estatuto catalán, recurridas todas ellas por el PP.

Las recusaciones del PP rechazadas. Fue por ello que, después de que el Gobierno recusara a García-Calvo y a Rodríguez-Zapata, el PP recusó a su vez a tres magistrados progresistas -Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps- con el argumento de que ellos también se habían pronunciado sobre la reforma de la LOTC, en este caso a favor. Las recusaciones del PP, sin embargo, no se basaban en ningún documento suscrito por estos magistrados, sino en una información periodística sobre lo dicho por ellos en una reunión mantenida en la sede del tribunal que fue desmentida por todos y cada uno de los asistentes a ese encuentro: los recusados, la presidenta Casas y los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas.