EL PARLAMENTO ESPAÑOL SE PRONUNCIA A FAVOR DE QUE LOS VALENCIANOS PUEDAN DISFRUTAR DE LOS BIENES MUEBLES DE LA IGLESIA CATÓLICA, COMO PARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO

La Comisión de Cultura del Congreso aprobó ayer la proposición no de Ley, de IU-ICV, sobre protección del patrimonio histórico-artístico eclesiástico en la que, tal como informaba ayer Levante-EMV, insta al Gobierno a ejecutar las iniciativas necesarias, en el ámbito de sus competencias, «para salvaguardar los bienes muebles de titularidad eclesiástica». Asimismo, la proposición se exige a la Generalitat Valenciana «que cumpla con la legalidad vigente en el ámbito de sus competencias sobre protección del patrimonio histórico-artístico eclesiástico».

Isaura Navarro recuerda los acuerdos con la Santa Sede de 1979. IU, en la proposición presentada por la diputada Isaura Navarro,?recordaba ayer que en los acuerdos firmados en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, ya se reconocía que el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia «sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación, por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la colaboración de Iglesia y Estado».

¿Dónde va a parar lo que se vacía de los conventos…?. Seguidamente el documento aconseja la agrupación de estos bienes en edificios eclesiásticos, formando colecciones o museos en los que se garantice su conservación, seguridad, contemplación y estudio. En este sentido el grupo IU-ICV alegó que en los últimos años se ha comprobado que tras el cierre de algunos establecimientos religiosos, muchos de los bienes que se encontraban en los mismos o han sido «trasladados» o bien han desaparecido, pasando en muchas ocasiones al mercado de antigüedades. En esta línea, mencionaron el caso concreto de la Comunidad Valenciana donde se han «vaciado y se encuentran en proceso de venta varios conventos, vaciándose su patrimonio, casos como el del convento de Santa Clara en Xátiva, San Josep en València- en este caso la Fiscalía actuó de oficio y trasladó su denuncia al juzgado-y las Agustinas de Bocairent denotan la urgencia de dotar de mayor efectividad y desarrollo normativo al ya citado artículo 28 de la LPHE».

La Generalitat Valenciana del PP, de brazos cruzados. Así, este grupo parlamentario considera que la aplicación del precepto indicado debe comportar «la nulidad de los actos de disposición y el reintegro obligado de los bienes a su lugar de origen. Sin embargo, la Generalitat Valenciana ha optado por la inactividad, incumpliendo así con sus obligaciones recogidas en el estatuto de autonomía respecto a la protección del patrimonio histórico-artístico, artículo 49 y su desarrollo normativo», argumentaron. La Proposición fue aprobada por unanimidad de todos los grupos de la Cámara, salvo el segundo apartado que contó con el voto en contra del PP.?En él se exigía igualmente a la Generalitat Valenciana que cumpliera con la legalidad vigente y dentro del marco competencial hiciese efectivo esta protección.